Trenes de la 4T: promesa de movilidad… y reto de transparencia

El recorrido de Claudia Sheinbaum a bordo del Tren Interurbano México–Toluca “El Insurgente” marca un avance visible en infraestructura de transporte. Este proyecto, que reducirá el trayecto Toluca-Ciudad de México a unos 40 minutos, representa una clara ventaja: menor tiempo de traslado, transporte eléctrico y conexión con otros medios masivos.

Bajo esta administración se han impulsado algunos de los proyectos ferroviarios ambiciosos que recuperan este sector: el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el propio Tren México-Toluca, el México-Querétaro y el tren México-Pachuca que llevará al aeropuerto de Santa Lucía. En conjunto, buscan reactivar la conectividad, fomentar el turismo, mejorar la movilidad regional y rescatar la infraestructura ferroviaria que el país perdió durante décadas de abandono.

Las ventajas son evidentes. Conectividad más rápida y ágil, menor huella de carbono frente al transporte carretero, desarrollo regional, empleos e impulso a la integración logística del país. Pero también hay riesgos que no pueden pasarse por alto. El Tren Maya, por ejemplo, ha enfrentado denuncias por daños ambientales en la selva y por la falta de estudios de impacto claros. El Corredor Interoceánico arrastra conflictos con comunidades locales por la ausencia de consultas efectivas. Y “El Insurgente” ha multiplicado su costo inicial, sin transparencia suficiente sobre su presupuesto final y su modelo de operación.

Los trenes de la 4T pueden convertirse en un legado positivo si se gestionan con apertura, rendición de cuentas y respeto al medio ambiente. Bajo una mala gestión, podrían convertirse en una pesada carga para las finanzas públicas y un terreno más de discrecionalidad y opacidad.