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Crisis de violencia en Michoacán y cuentas pendientes por casi 500 millones de pesos para Alfredo Ramírez Bedolla
El gobierno de Michoacán que encabeza el morenista Alfredo Ramírez Bedolla enfrenta hoy un panorama complejo en medio de las protestas ciudadanas que exigen justicia y paz, y la intervención de la administración federal que impulsa el Plan Michoacán para contener la violencia en esa localidad.
Ello ocurre después de que Carlos Manzo, quien era alcalde de Uruapan, fuera asesinado en un acto público presuntamente por órdenes de un grupo delictivo ligado al CJNG.
Michoacán es una de las entidades con mayor inseguridad en el país. Reportes indican que en casi dos décadas casi 22 mil personas han sido asesinadas.
Al problema de violencia se suma la administración de los recursos federales que ha recibido la actual administración de Ramírez Bedolla, la cual cuenta con cuestionamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las participaciones que ha recibido desde que rindió protesta en octubre de 2021.
De acuerdo con los datos disponibles públicamente, el gobierno michoacano tiene pendientes por aclarar 469 millones de pesos de los mil 665 millones que han tenido observaciones en su utilización.
Lo que quiere decir que 28 de cada 100 pesos han sido ejercidos con irregularidades.
Esos 469 millones pendientes corresponden a las cuentas públicas de 2022, 2023 y 2024, que revisó envozmx dentro de la plataforma de la ASF.
Recursos para seguridad en entredicho
De 2022 a 2024, la ASF practicó 45 auditorías a la administración de Michoacán. En 38 de ellas encontró posibles desvíos del erario o falta de evidencias para comprobar su uso.
En la auditoría a las participaciones federales que recibió en 2022, se encontraron inconsistencias como la falta de expedientes en contratos otorgados para materias como seguridad u obras públicas.
Con respecto a la seguridad, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron de los entes con contratos que tuvieron cuestionamientos ya que los expedientes se encontraban incompletos para su revisión.
Los faltantes, registró la ASF, ocurrieron en 52 expedientes de contratos que sumaron 697.7 millones de pesos; entre los responsables se encontraban el SESESP, la FGE y la SSP.
La documentación que no se encontró fueron procesos de planeación, licitaciones, suficiencia presupuestal, investigaciones de mercado, dictámenes de adjudicación y actas constitutivas de los proveedores.
En el transcurso, se pudieron verificar 37 expedientes. De los 15 que quedaron en el limbo, 4 corresponden a la Fiscalía Estatal.
Por el desorden y faltantes en los expedientes, la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa para que la Secretaría de Contraloría del gobierno de Michoacán iniciara investigaciones y procesos administrativos que no tenían integrada la información de los expedientes de contratos.
Secretariado incumple en fiscalización
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) fue una de las instituciones vinculadas a revisar el tema de seguridad con mayores cuestionamientos por la falta de orden y documentación para la rendición de cuentas en sus contratos.
- En 2023
Durante ese año, la ASF revisó los recursos entregados a Michoacán mediante el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) y encontró inconsistencias por parte del SESESP que implicaron un quebranto a la Hacienda Pública.
Por ejemplo, la Auditoría encontró que el SESESP pagó un millón 738 mil 188 pesos por sobreprecio en la compra de camisolas y pantalones correspondientes al contrato SASESP-EM-LP-041/2023-01.
Con esa clave de contrato, se encontró que fue adjudicado a la compañía Jagen Comercializadora y Asociados, SA de CV, por 9 millones 59 mil pesos en septiembre de 2023.
Sin embargo, en su revisión se percató que semanas después, el 24 de octubre de 2023 la misma compañía recibió un nuevo contrato, en el que encontró las mismas prendas a menor precio ofrecido al SESESP, lo que implicó el sobreprecio de casi 2 millones de pesos.
Ese no fue el único posible desfalco. La ASF también revisó el convenio SASESP-EM-LP-042/2022, otorgado a Second Response, SA de CV, por 9 millones 988 mil pesos para la compra de 445 chalecos antibalas.
La Auditoría Superior indicó que realizó una inspección física de 104 chalecos de los 445 y determinó que ninguno de ellos cumplió con las especificaciones pactadas en el contrato que especificó que:
“En la parte superior del hombro izquierdo del Carrier (incluir) una ficha (chip) legible NFC incrustada en una tarjeta de PVC blanca con logotipo de FORTAPAZ impreso en una de sus caras, en las cuales deberá contar con un número de serie único e irrepetible que podrá ser leído con cualquier aparato con capacidad detección de tarjeta NFC; además, al momento de ser escaneado deberá arrojar la leyenda “CHALECO PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PROGRAMA FORTAPAZ 2023”, se menciona en el documento.
La ASF determinó que ese incumplimiento implicó un quebranto al erario de 2 millones 334 mil pesos.
-En 2022
En el punto 36 de la auditoría 1188 de la cuenta pública 2022, se documentaron irregularidades en dos contratos (SASESP-EM-LPE-031/2022 y SASESP-EM-LP034/2022).
El expediente SASESP-EM-LP034/2022 fue firmado entre el SESESP con Blindajes Urbanos, SA de CV, empresa en la que participan el papá y hermana del diputado federal de Morena, Arturo Ávila Anaya (Francisco Arturo Ávila Rosas y Karla Ávila Anaya, respectivamente).
Dentro de ese acuerdo, el SESESP compró a la empresa de los Ávila cuatro vehículos tipo militares blindados por 23 millones 141 mil pesos.
Sin embargo, en la revisión que hizo la Auditoría no encontró evidencia fotográfica de los vehículos entregados por la empresa, lo que incumplió disposiciones de la Ley de Planeación Hacendaria, entre otros lineamientos.
En el transcurso de la revisión, la institución resolvió más tarde las peticiones de comprobación fotográfica de los vehículos.
El otro convenio, el SASESP-EM-LPE-031/2022 tuvo como objeto el servicio de impresión y elaboración de material informativo que se requieren para el balizado de vehículos oficiales con la nueva imagen instituciones de la Guardia Civil, se lee en el documento. Mismo, que fue adjudicado a la persona física César Villa Alva por un monto de hasta 30 millones de pesos.
Por este último contrato, la ASF no halló evidencia de los trabajos realizados, ya que no hubo reportes fotográficos previos y posteriores a la ejecución del acuerdo.
La ASF emitió de nueva cuenta una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por la falta de documentos que comprobaran los servicios que costaron al erario 30 millones de pesos.
Daños al erario de la Fiscalía
La Fiscalía General del Estado también cuenta con señalamientos de perjuicios al erario en su ejercicio de 2023.
Una de las observaciones impactó al convenio FGE/FASP/AD-015/2023 entregado por adjudicación directa que tuvo como objeto la adquisición de un “tubo recuperador de ojivas” de bala por 1.3 millones de pesos.
El organismo auditor encontró que no se justificó la adjudicación directa ya que no se solicitaron estudios de mercado para establecer que se tomó la oferta más justa.
Además, al momento de la auditoría la FGE no presentó evidencia de la existencia del tubo recuperador, lo que llevó a que se determinara un pliego de observaciones por un millón 361 mil pesos y los intereses que derive ese quebranto.
La ASF también le imputó a la FGE un posible desfalco por otros 484 mil 264 pesos correspondientes al contrato FGE/LP-FASP/001/2023 por pagos que excedieron cotizaciones en el mercado.
Dicho convenio tuvo como objeto la adquisición de equipos de cómputo por 9 millones 286 mil pesos con un supuesto sobreprecio.
