Agencia Reforma
Este viernes 21 de noviembre se definirá si el exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa sale anticipadamente de prisión para cumplir el resto de su condena en arresto domiciliario. La jueza Ángela Zamorano Herrera, a cargo del caso, aplazó la decisión tras una audiencia de casi 12 horas.
En principio, la jueza debía emitir una resolución ayer 19 de noviembre. Sin embargo, aplazó la decisión para mañana tras las declaraciones de seis testigos de la Fiscalía General de la República que cuestionaban la buena conducta de Duarte, requisito indispensable para conceder la salida anticipada de prisión.
Por su parte, la defensa sostiene que Duarte ya ha cumplido el 95% de su condena por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, y que reúne los requisitos de la Ley Nacional de Ejecución Penal para recibir el beneficio. Además, señala que no enfrenta ningún proceso penal vigente, pues el caso por desaparición forzada en el que la Fiscalía señaló mal comportamiento de Duarte fue cerrado por falta de pruebas.
Si se le niega la libertad anticipada en el veredicto de mañana, Duarte podría permanecer en prisión hasta abril de 2026, cuando formalmente termina su condena.
Más allá de quién gane este pulso legal, el asunto plantea una reflexión esencial sobre el apego a la ley. Duarte es un personaje que se ha ganado el repudio ciudadano por sus probados actos de corrupción, confesados por él mismo ante tribunales. Pero ese hecho tendría que ser ajeno al trato que le dé el sistema jurídico. Si cumple los requisitos establecidos por la ley, no concederle que termine su proceso fuera de la cárcel sería un golpe al Estado de derecho.
Nadie va defender las trapacerías de Duarte, pero sí la obligación de que se aplique la ley sin importar de la persona de la que se trate. Un sistema jurídico que interprete la ley a conveniencia nos pone en riesgo a todos.
