El Tribunal Electoral anuló las multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a las casi 170 candidaturas que figuraron en los acordeones de la elección judicial de este año, incluidos ministros de la Suprema Corte. El monto de las multas ascendía a 6.3 millones de pesos.
El proceso electoral judicial fue fiscalizado por el INE, que había impuesto estas sanciones por considerar que los acordeones habían afectado la libertad de sufragio, ya que buscaban influir en la voluntad ciudadana. Ahora, el Tribunal revoca dichas sanciones, argumentando que no había elementos probatorios suficientes.
Este desenlace es preocupante porque ocurre justo después de una elección de la que resultó un poder judicial alineado con el movimiento político en el poder. El propio Tribunal Electoral robusteció el bloque que sistemáticamente vota en favor de los intereses de la 4T.
En este caso, como normalmente sucede, sólo dos magistrados —Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis— disintieron del bloque mayoritario, y Otálora lo hizo en su penúltimo día como magistrada.
Este fallo es una confirmación de que la elección judicial resultó en un debilitamiento de la independencia judicial. Los magistrados electorales aupados por la 4T fueron los mismos que ayer anularon las sanciones contra quienes también fueron impulsados por Morena y sus aliados para llegar al cargo.
Decían que la elección judicial era para fortalecer la democracia; nada habían mencionado de taparse las espaldas entre los juzgadores del bienestar.