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Agencia Reforma
Las lluvias torrenciales de los últimos días han dejado una estela de destrucción, con 64 personas muertas, 65 desaparecidas y alrededor de 100 mil viviendas afectadas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
Esta tragedia encuentra al Estado mexicano sin un mecanismo de financiamiento confiable y profesional para responder a la emergencia. Desde la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (el Fonden) en 2021, la población mexicana está a merced de que el gobierno federal y los diputados decidan cada año destinar un presupuesto suficiente para este rubro. Este año, es de 18.6 mil millones de pesos porque así lo quisieron quienes manejan el presupuesto. En el momento de la desaparición del Fonden, había un acumulado de alrededor de 33 mil millones de pesos, pues el Estado estaba obligado a destinar recursos cada año a ese fideicomiso que podía usarse exclusivamente para desastres.
Hoy ese presupuesto no está garantizado. A pesar de ello, la presidenta Sheinbaum asegura que habrá dinero suficiente y que “si se requieren más recursos, habrá más recursos para disminuir presupuestos de otras áreas y destinarlos a la emergencia”. Sin embargo, no explica de cuáles ni bajo qué criterios, lo cual es de suma importancia, pues se sacrificarían otras políticas para las que se tiene considerado ese dinero.
Otro problema de la modalidad actual de financiamiento ante desastres es que se ha privilegiado la entrega de apoyos directos a las familias —una medida necesaria, pero limitada— sobre la reconstrucción de infraestructura y la prevención de desastres.
La eliminación del fideicomiso no resolvió los problemas de opacidad con los que se justificó su disolución, sino que, por el contrario, los potenció, pues no quedan claros los criterios que se deben seguir para el uso de los recursos. La desaparición del Fonden sólo dejó al país con menos presupuesto para encarar los desastres y sin una herramienta de respuesta permanente y estructurada.
