Agencia Reforma
En México, entre 145 mil y 250 mil menores de edad están en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Esta alarmante realidad exige atención especializada en medio de todo el ruido de la crisis de seguridad que atraviesa el país.
Para atender este problema, el Estado debe actuar sobre tres frentes clave: prevención, protección y reinserción. En primer lugar, la prevención implica asegurar que todos los niños y adolescentes tengan acceso a educación de calidad, espacios seguros, alternativas de empleo juvenil y programas de acompañamiento en zonas vulnerables. Las causas que los acercan al crimen —pobreza, abandono, falta de oportunidades— deben atacarse de raíz.
En segundo lugar, la protección exige tipificar legalmente el reclutamiento de menores como delito autónomo y garantizar que quienes están en riesgo o ya fueron captados sean tratados como víctimas y tengan acceso a ayuda especializada. En tercer lugar, para quienes ya formaron parte de redes criminales, es indispensable crear mecanismos de reinserción reales, con educación, empleo, atención psicológica y seguimiento para evitar la reincidencia.
Mientras el crimen organizado siga usando a los jóvenes como carne de cañón, la violencia se reproducirá generación tras generación. México necesita una política pública que ponga a los niños y adolescentes fuera del alcance del narco y como una dimensión prioritaria de la pacificación del país.
