Agencia Reforma
En Álvaro Obregón, Michoacán, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) secuestró a dos policías que realizaban labores de investigación, junto a una víctima más. Fueron rescatados por fuerzas federales, y se detuvo a tres sospechosos, según reportó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Esto ocurre en una región donde ya se han registrado numerosos ataques armados, quema de vehículos y camiones en varias ocasiones y, en 2018, la candidata a alcaldesa María de Lourdes Torres Díaz fue secuestrada.
Recientemente, Estados Unidos registró a éste y otros cárteles del país como organizaciones terroristas. En términos estrictos, no puede considerárselos como tales, ya que el terrorismo busca fines políticos o ideológicos mediante el terror. En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, persigue el enriquecimiento y la expansión de un negocio ilícito, no ideologías. No obstante, sí ha recurrido a tácticas típicas del terrorismo con la toma de rehenes y la quema de vehículos. La línea entre crimen organizado violento y terrorismo se vuelve borrosa.
Este secuestro es grave y plantea interrogantes: ¿querían negociar con las autoridades? ¿Qué buscaban a cambio de devolver a los policías? ¿Fue un ataque a estos funcionarios en particular o una señal para intimidar a toda la corporación?
Aunque no se las pueda denominar “terroristas” técnicamente, estas organizaciones han adoptado algunas formas y métodos del terrorismo. Es algo distinto, pero no menos inquietante.
