Agencia Reforma
Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a mostrar un reflejo populista propio de su movimiento político: ante la crisis, en lugar de asumir responsabilidad, busca a terceros para desviar la atención.
En su conferencia del 3 de noviembre, la mandataria calificó el crimen como “cobarde y condenable”, pero lo más destacable de su mensaje no fue la estrategia para enfrentar la violencia, sino la descalificación de quienes la critican. Arremetió contra los medios de comunicación y periodistas que han cuestionado la eficacia de su política de seguridad, llamándolos “carroñeros” y “personeros”, acusándolos de defender intereses de “la derecha”. Con ello, Sheinbaum intenta desacreditar las críticas en lugar de responderlas.
Esa es una forma clásica de evadir la responsabilidad política: trasladar el foco de la discusión del fondo del problema —la inseguridad que asfixia a regiones enteras— al mensajero que la denuncia. En lugar de explicar cómo piensa recuperar el control del territorio o detener el poder del crimen organizado, la presidenta busca restar legitimidad a las voces que exigen resultados.
El segundo recurso de Sheinbaum para esquivar la responsabilidad es el ya habitual: culpar a Felipe Calderón y a su “guerra contra el narco” de la violencia actual. El gobierno de Calderón terminó hace trece años, con todos sus errores. Antes de él, ya había un delicado contexto de criminalidad y seguridad que no pudo resolver. Después, vinieron Peña Nieto y López Obrador, quienes tampoco supieron emprender un camino que nos sacara de la vorágine de violencia.
Es momento de asumir responsabilidades. Resolver la crisis de seguridad actual no es responsabilidad de ningún gobierno anterior, sino del actual. Ése es su mandato constitucional y ésa es, también, la exigencia ciudadana que se expresa cada vez más fervientemente.
